¿A quién pertenecen los museos y las colecciones de titularidad pública? Desde nuestro punto de vista, y como ya hemos apuntado en otras ocasiones, pertenecen a la ciudadanía, a los públicos. Si entendemos el museo como una de las instituciones para la educación popular en la modernidad, y si entendemos la educación como un derecho inalienable en el Estado moderno, debemos inmediatamente concluir que lo que el museo genera y alberga es patrimonio común. Esto, evidentemente, desde el punto de vista de entender y asumir, incluso críticamente, el museo como espacio público según el proyecto emancipatorio de la Ilustración. Este planteamiento privilegia una concepción del museo como espacio para la memoria, la educación estético-política y el debate público y se opone a una nueva concepción del museo, emergente desde la oleada neoliberal de finales de los setenta, como agente del mercado la industria cultural, que privilegia la producción y la economía del sector y que de facto se pone al servicio de la maquinaria del capital terciario renunciando con ello a cualquier papel propiamente educativo. En la actual organización administrativa del Estado, que significativamente segrega el campo cultural del educativo y universitario, es esta segunda tendencia la que determina de manera aún incontestada las grandes decisiones políticas en materia artística.

Pero entender el museo como espacio para la educación popular no soluciona la lógica organizativa, jurídica y laboral del museo en tanto que institución que forma parte del mundo del trabajo en la era neoliberal, en la que vivimos todos aunque sea más o menos a contrapelo. Evitar limitar la concepción de la actividad artística como provisión de mercancías para el mercado del arte, implica que la actividad artística debe encontrar otras formas de remuneración. Cuando el trabajo artístico adopta los modos de producción de la economía de servicios, las formas de remuneración deben igualmente adaptarse a ese modelo. Pero eso implica revisar una noción de autoría que se ampara en la exaltación romántica para legitimar lo que en realidad es una forma de explotación aristocrática del capital simbólico (la distinción) del campo artístico y de reproducción de los privilegios sociales que le son inherentes. Justamente, el mito aristocrático de la autoría artística es posiblemente hoy el principal lastre para la vida laboral de los artistas y una de las principales causas de las diversas formas de precariedad del sector, en la medida en que se basa en una identificación esquizoide entre capital simbólico y renta material que impide asimilarlo a otras formas de trabajo autónomo. Esto condena al profesional del sector a un limbo económico y jurídico del cual solo es posible salir por la vía de un reconocimiento social sobredimensionado y mitificado al cual, de hecho, muy raramente podrá llegar. Frente a esta concepción aristocrática y rentista de la autoría proponemos asimilar la actividad artística a otras formas de trabajo remunerado en general.

El dilema que se plantea desde el punto de vista del museo y de la noción de patrimonio público es cómo compatibilizar el derecho al trabajo remunerado de los artistas con el dominio público sin pasar por la actual categoría del derecho de autor, que mitifica el trabajo artístico y lo devuelve a la noción reduccionista y aristocrática que queremos superar. Philippe Thomas propuso que los «ready-made pertenecen a todo el mundo» y por definición la colección de un museo debería cumplir esa idea. La tarea del museo hoy es cumplir la máxima de Thomas y hacer que las colecciones públicas pertenezcan a todo el mundo.

Eso implica abordar cuestiones complejas y en buena medida tabú: ¿deben los autores vivir de rentas a costa del dinero público? ¿No se trata más bien de que el trabajo artístico encuentre nuevas formas de circulación y de ser apropiado significativamente por los públicos? ¿No implica eso buscar alternativas a la centralidad del intercambio económico como modelo del intercambio social y cultural en general? ¿No debemos relativizar los derechos y privilegios del autor en favor de los derechos de los receptores de las obras y buscar nuevas formas justas de remuneración del trabajo artístico que no restrinjan sino que favorezcan los derechos de los públicos y que promuevan la circulación y la vida de las obras? ¿No se trata por tanto de favorecer el bien común y de reformular las formas de explotación de la actividad artística desde un punto de vista de lo público y no de la propiedad privada?

La proliferación tecnológica y el carácter crecientemente inmaterial, tecnificado y reproducible del trabajo artístico implica la necesidad de nuevas categorías. ¿No se trata de pasar del autor al productor? En su célebre ensayo de 1934, Walter Benjamin diagnostica este desplazamiento histórico señalando que el paso del autor al mundo de la producción pone fin a su autonomía y a sus viejos privilegios, más propios del antiguo régimen que de una modernidad industrial basada en la circulación masiva e igualitaria a través de la página impresa y otras formas de reproductibilidad técnica. En el contexto actual determinado por la fluidez de la circulación, distribución e intercambio de los discursos y las producciones, favorecido por las nuevas tecnologías, las categorías del derecho tradicional relativas al campo artístico aparecen obsoletas. No favorecen el acceso sino que lo limitan. Debemos pensar nuevas formas flexibles de regular el intercambio y el acceso al patrimonio cultural común. En este contexto, el museo en tanto que institución pública debe promover nuevos modelos de acceso y explotación que no restrinjan las producciones y los discursos a la obra única ni a la forma expositiva y cumplir la promesa moderna del arte como bien común.

Esta entrada es del Tuesday, 30 de October de 2007, a las 12:57 pm